La Generalitat toleró que la rave ilegal que aglutinó a casi 300 personas en una nave abandonada de Llinars del Vallès (Barcelona) se prolongara durante 40 horas. Pese a la emergencia sanitaria y las restricciones impuestas por las autoridades, los Mossos d’Esquadra no desalojaron la fiesta —que comenzó en nochevieja— hasta el mediodía de este sábado. La tardía respuesta policial desencadenó un alud de críticas y de reproches cruzados entre los socios del Govern: el Departamento de Salud, en manos de ERC, y el de Interior, controlado por Junts, se acusaron mutuamente de la demora.

“¡Estamos escuchando música, tenemos todo el derecho, no somos ilegales, tenemos alma, no hay peleas!”, gritaba a mediodía una joven, desnuda de cintura para arriba, frente a la línea policial de los antidisturbios recién desplegada en la antigua fábrica de Llinars. Pasaban pocos minutos de las 12.00 y los Mossos ponían fin a 40 horas de música electrónica.

La policía local de Llinars había contactado antes con el conductor de una excavadora que, en cuestión de segundos, retiró las rocas que los asistentes habían colocado en la entrada de la nave para impedir el acceso a los agentes. Las furgonetas de los antidisturbios accedían al recinto, desconectaban la música y rodeaban a los asistentes. Comenzaba así una tarde en la que los agentes se dedicaron a identificar y sancionar a más de 200 jóvenes venidos de diferentes puntos de Europa.

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La policía autonómica detuvo a dos de los organizadores de la rave —una holandesa de 29 años y un vecino de Tarragona de 22— e imputaron a un holandés, dos franceses y dos italianos por su vinculación a la logística del evento. Además, identificaron a 215 personas entre las que se encontraban 100 españoles, 35 franceses, 10 italianos, tres andorranos y otros participantes procedentes de Australia, Países Bajos y Luxemburgo. El major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, admitió que no pudieron identificar a todos los asistentes —unos 300— porque algunos de ellos han huido “campo a través”.

Antes de que los agentes pusieran fin a la fiesta ilegal que desafió todas las medidas contra el coronavirus, los reproches políticos entre los socios del Govern ya habían acabado.

Al mediodía de este sábado, los agentes accedieron al recinto. Salvo algún incidente aislado, los participantes de la rave no opusieron resistencia. Con la situación controlada, el director de los Mossos, Pere Ferrer, se personó en la nave donde los agentes contabilizaron más de 300 personas. “De aquí se irán todos sancionados”, presumió Ferrer. El director general de los Mossos informó de que los asistentes se les sancionará con multas de hasta 3.000 euros y a los organizadores con sanciones de hasta 600.000 euros. Llegaba el momento de justificar por qué no habían intervenido los Mossos desde el primer momento. Ferrer admitió que la policía autonómica no tenía suficientes efectivos para afrontar el desalojo la noche del 31 de diciembre: “Había 3.000 agentes en toda Cataluña que se dedicaron a garantizar la seguridad de los 7,5 millones de habitantes.

La magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de Granollers ha acordado este lunes la libertad provisional con comparecencias periódicas en el juzgado para los dos presuntos organizadores de la ‘rave’ ilegal en una nave a las afueras de la localidad Llinars del Vallès

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