La necesidad de extender la red de los ERTE, que aún sostiene a unos 800.000 trabajadores en España y cuyo vencimiento está programado para el 30 de septiembre, no la discute nadie. En eso coinciden Gobierno, sindicatos y empresarios, pero es en el cómo y en hasta cuándo donde están los flecos de las negociaciones.

Poco a poco se van conociendo los detalles. El pasado jueves se supo que la propuesta que el Gobierno ha puesto sobre la mesa de la negociación -este lunes se retoman las conversaciones- ponía fin al llamado contandor a cero. Básicamente, el Ejecutivo quiere que los ERTE que se extiendan más allá de septiembre consuman, no como ocurre hasta ahora, tiempo de paro. Un cambio sustancial que no terminaba de convencer a las otras partes.

Hoy hemos conocido otro de los puntos de fricción sobre la mesa: el documento aportado por el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz contempla la extensión del veto sobre el despido objetivo hasta el 31 de diciembre. O lo que es lo mismo, que las empresas puedan despedir, pero que lo hagan más caro hasta esa fecha si se trata de despidos objetivos por causas relacionadas con el coronavirus.

En la práctica, los empresarios pueden seguir echando a los trabajadores, si se producen las condiciones objetivas para ello, pero lo tienen que hacer a un precio mayor que el que les marca la ley: en lugar de 20 días por año trabajado tienen que pagar 33 días, como si fuera un despido improcedente o nulo.

Permanecerá vigente, hasta el 31 de diciembre de 2020, el artículo 2 del real decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo con el que el Gobierno estableció que no se podrían “entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido” causas relacionadas con la pandemia, según consta en el borrador replicado ayer por las agencias Efe y Europa Press.

A los empresarios claramente esto no les hace ninguna gracia. Los representantes de la patronal han defendido hasta ahora en la mesa de negociación la necesidad de despenalizar el despido tras la aplicación de un ERTE para evitar precisamente, según explican, que las empresas vean comprometida su supervivencia por al tener que admitir a todos sus trabajadores en un momento en el que la recuperación total aún está lejos de haberse producido.

¿Pero hasta cuándo durarán los ERTE? El documento del Ejecutivo establece para ellos el mismo final que para el veto a los despidos: el 31 de diciembre. Salvo para los ERTES de fuerza mayor que se apliquen en “empresas especialmente afectadas por la pandemia”. Eras empresas son las que pertenezcan a los sectores más castigados [el documento no los define todavía] y aquellas que puedan demostrar que su actividad depende de empresas que sí están dentro de sectores castigados. Es decir, para seguir aplicando un ERTE por fuerza mayor a una empresa no incluida en principio en uno de los sectores que se establezcan, la empresa deberá acreditar que al menos la mitad de su negocio en 2019 ha venido de empresas sí incluidas.

CUIDADO DE MENORES

Si habrá o no habrá finalmente una vía para que los padres con hijos en cuarentena por culpa del covid puedan faltar a su trabajo sigue siendo una incógnita. El Gobierno ha dicho lo uno y lo otro a este respecto sin que de momento se haya despejado la ecuación. En el borrador que mañana volverán a negociar empresarios y sindicatos con Trabajo sí se recoge únicamente una prórroga, también hasta el 31 de diciembre, del plan MeCuida. Este plan permite negociar a los trabajadores una adaptación o reducción de sus jornadas para el cuidado de menores, pero implica también su consiguiente reducción salarial.

*ÚLTIMA HORA*

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