Los detenidos por violar alguna de las medidas superan los 8.400

Son 1.013.747 las propuestas de sanción impuestas por los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en lo que llevamos de aplicación de estado de alarma, que comenzó el pasado 14 de marzo, según los datos del Ministerio del Interior a 19 de mayo, y 8.418 los detenidos en total. Estos niveles hacen de España uno de los países más sancionadores de su entorno, aunque el ritmo de sanciones y de detenciones se ha reducido desde que se inició el periodo de desconfinamiento progresivo.

De hecho, la barrera del millón de propuestas de sanción se rebasó el pasado lunes, cuando estas llegaron al 1.005.187 y las detenciones sumaban 8.372, pero siguen aumentando unas sanciones a las que el ministro del Interior quiso quitar hierro en su última comparecencia en el Congreso asegurando que “si se dividen por días y provincias, no son tantas” y que “no todas” tienen que acabar en multa, ya que “igual el relato hecho por los agentes no es correcto”. Además, son las delegaciones del Gobierno las que tienen que revisarlas e imponer la cuantía correspondiente.

Con los datos conocidos este miércoles, las policías locales son las que han impuesto más sanciones 369.597, seguidos de la Guardia Civil 290.672 y el Cuerpo Nacional de Policía, 268.567. Por su parte, los Mossos d’Esquadra han impuesto 69.168 propuestas de sanción y la Ertzainza 12.214.

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En cuando a las detenciones practicadas, desde que se impuso el estado de alarma es el CNP quien tiene la cifra más alta, con 3.768, mientras que las policías locales han practicado 2.534 detenciones, la Guardia Civil, 1.225 y los Mossos han detenido a 545.

Con el inicio de la desescalada se ha ido reduciendo el ritmo de sanciones. Atrás quedaron las altas cifras registradas en las dos semanas de confinamiento más duro decretado por el Gobierno, con la hibernación económica, y el periodo de Semana Santa. Sólo en 11 y el 12 de abril, en plena festividad de Semana Santa, se registraron 441 detenciones y cerca de 50.000 propuestas de sanción.

España está siendo uno de los países más sancionadores durante el periodo de crisis sanitaria

En el caso de Cataluña, entre los problemas que debe resolver la Conselleria de Interior se encuentra cómo gestionar las 130.000 actas de sanción que se levantaron en Catalunya por no cumplir el confinamiento. Son muchas y se hicieron en un periodo de tiempo muy corto, lo que ha provocado el colapso del sistema habitual para la gestión de estos expedientes administrativos. De entrada, la Generalitat, según fuentes del departamento dirigido por Miquel Buch, está reforzando el personal que se dedicará a este menester con empleados de otras áreas. Las dudas radican en cómo poder gestionar la elevada  cantidad de multas con el objetivo de que ningún infractor que se ha saltado la normativa quede impune.

En estos momentos, Interior estudia la forma en que se hará esta labor. Una posibilidad es que una parte de esas sanciones las tramite los ayuntamientos, ya que el 40% de ellas han sido impuestas por la policía local y el 60% por los Mossos. Eso supondrá, por tanto, que esta recaudación ira a parar a las arcas municipales. Sin embargo, el reto es todavía más grande se si tienen en cuenta que posiblemente muchos los ciudadanos afectados presenten alegaciones e incluso lleven el tema a los juzgados. Y es que hay juristas que han cuestionado la legalidad de estos procedimientos.

La província de Barcelona acumula 52.418 casos y 9.208 fallecidos.

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